El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G. rechaza categóricamente el Boletín N.º 18.719-11, presentado por el diputado Diego Vergara y otros parlamentarios, que propone prescindir del químico farmacéutico en determinadas farmacias. Esta iniciativa debilita una garantía sanitaria fundamental para la seguridad de las personas: la dirección técnica y supervisión profesional del químico farmacéutico.
La falta de acceso a medicamentos en comunidades rurales y aisladas es un problema real que exige una respuesta urgente del Estado. Sin embargo, resolver esta brecha no puede significar reducir las garantías sanitarias ni prescindir de los profesionales responsables de la atención farmacéutica.
Además, el proyecto propone una modificación general que no se limita a localidades aisladas, comunas sin farmacias o situaciones excepcionales.
La dirección técnica no es un costo prescindible. La dispensación, la conservación de medicamentos, la vigilancia sanitaria y la supervisión del fraccionamiento requieren conocimientos especializados y criterio profesional. El Colegio reconoce el aporte de técnicos, auxiliares y otros trabajadores de la salud, pero sus competencias no sustituyen la formación ni las responsabilidades propias del químico farmacéutico.
La labor del químico farmacéutico responde a exigencias sanitarias y legales cuyo cumplimiento debe fortalecerse, no debilitarse, especialmente ante las amenazas que representan la venta ilegal, el tráfico y la falsificación de medicamentos. En este escenario, contar con supervisión profesional resulta fundamental para resguardar la procedencia, calidad y seguridad de los productos que llegan a los pacientes. Debilitar los controles en las farmacias sería avanzar en la dirección contraria a la protección sanitaria que el país necesita.
Por otra parte, existen alternativas para mejorar el acceso en territorios apartados. El Colegio ha promovido opciones como las farmacias móviles y populares, además de impulsar la presencia de profesionales farmacéuticos en localidades aisladas mediante programas de Etapa de Destinación y Formación (EDF), a semejanza de los programas de profesionales generales de zona de otras áreas de la salud.
El Código Sanitario también contempla herramientas para enfrentar estas brechas. Su artículo 129 establece la responsabilidad del Ministerio de Salud de adoptar medidas para asegurar la adecuada disponibilidad de medicamentos, incluidas las alternativas previstas en el artículo 129 C. Asimismo, existen posibilidades de acceso a través de establecimientos públicos de salud en los casos que corresponda. Estas herramientas deben implementarse y robustecerse.
La Ley N.º 21.198, conocida como Ley CENABAST, constituye otra alternativa para mejorar las condiciones de adquisición y reducir los precios de los medicamentos mediante la intermediación de CENABAST y el establecimiento de precios máximos de venta al público para los productos comprendidos en este mecanismo. Consolidar su aplicación y ampliar la cobertura territorial permitiría avanzar en el acceso económico.
Tampoco existe garantía de que reducir los costos de funcionamiento mediante la eliminación de la dirección técnica se traduzca en precios más bajos para los pacientes o en nuevos establecimientos en las comunidades desatendidas. La iniciativa, por sí sola, no resuelve los problemas de abastecimiento, logística ni continuidad de los tratamientos.
La farmacia no es solo un establecimiento comercial: es un centro de salud donde el medicamento debe entenderse como un bien sanitario y social, no como una mercancía sujeta exclusivamente a criterios de mercado. Garantizar el acceso implica asegurar disponibilidad, precios asequibles y una dispensación segura, con la orientación profesional que necesitan los pacientes.
Por estas razones, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile solicita al diputado Diego Vergara y a los demás autores, retirar el proyecto en los términos propuestos, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, rechazar la iniciativa en su formulación actual y al Ministerio de Salud, emitir un pronunciamiento técnico y desarrollar una estrategia efectiva para mejorar el acceso territorial a medicamentos, utilizando y fortaleciendo las herramientas que ya contempla la legislación vigente.
Las comunidades rurales y aisladas tienen el mismo derecho a recibir medicamentos y una atención farmacéutica segura y de calidad que quienes viven en las grandes ciudades.
Chile necesita medicamentos asequibles, establecimientos disponibles y atención farmacéutica segura. Exigimos políticas públicas que garanticen estas tres condiciones, con pleno respeto a la legislación sanitaria y al rol irremplazable del químico farmacéutico. El Colegio mantiene su disposición a colaborar en las acciones sanitarias y legislativas necesarias para avanzar hacia ese objetivo.
Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G.
Santiago, 14 de octubre de 2026