Las políticas sanitarias en el país no pueden tener sesgos de ningún tipo, sobre todo cuando se trata de la distribución de medicamentos para segmentos de la población de mayor riesgo.
Dejar afuera a quienes están en el sistema de isapres o de las Fuerzas Armadas es una discriminación inexcusable que el gobierno y el Ministerio de Salud deben revertir.
Esto es como si en su momento se hubiese determinado que a las vacunas contra el Covid sólo tendría acceso un grupo de personas. En este caso, es un acto discrecional inaceptable, porque es un medicamento que el laboratorio que lo fabrica sólo lo vende a los Estados para que estos lo distribuyan, por lo que no se puede comprar en farmacias ni obtenerse de otra forma que no sea a través del Estado.
El gobierno le debe una explicación a los chilenos por esta discriminación.