Senadores Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot valoran aprobación en general de proyecto para aumentar penas por usurpación

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Ambos parlamentarios insisten en que es fundamental que la iniciativa contemple penas de cárcel para que la normativa tenga eficacia en la disminución de estos delitos.

El Senado aprobó esta tarde en general el proyecto de ley que busca aumentar las penas por delitos de usurpación, un ilícito que ha aumentado exponencialmente en el país los últimos meses.

Se trata de un proyecto que busca además actualizar la normativa vigente que data  de 1874, y que sólo contempla bajas penas pecuniarias para quienes cometen estos delitos, con sanciones que llegan máximo a las 20 UTM cuando se trata de una toma con violencia.

Para la Senadora Carmen Gloria Aravena, es «fundamental que este proyecto se apruebe para poner al día la legislación chilena en esta materia, que es anacrónica e ineficaz, de manera de avanzar en la línea de lo que tienen hoy los países desarrollados y que contemplan penas de cárcel para el delito de usurpación, que es un factor esencial para inhibir la comisión de estos delitos».

La parlamentaria afirmó que «es primordial que la tramitación de esta ley sea expedita, considerando que lleva más de 500 días en el Congreso y los chilenos requieren una respuesta eficiente del Estado para enfrentar este tema».

A su vez, el Senador José García Ruminot planteó que «estamos frente a un delito que ha ido creciendo sostenidamente porque las penas actuales son irrisorias, lo que hace imperativo que se aumenten para frenar la comisión de los mismos. Ya hemos observado el informe que se publicó y que muestra que desde 2018 a la fecha prácticamente no ha habido condenas por este tipo de delitos, lo que demuestra lo obsoleta que está la actual legislación».

“Necesitamos poner al día la legislación, de manera que Carabineros de Chile, la PDI y el Ministerio Público,  tenga herramientas nuevas para hacer frente a este tipo de delitos. Aquí hay chilenos y chilenas que sufren a diario la pérdida de sus propiedades, y agricultores que ven cómo el fruto de su trabajo lo pierden simplemente porque alguien pone una bandera o un letrero y les impide sembrar, colocando en riesgo también la seguridad alimentaria, concluyó el legislador”.